FREI MONTALVA
Las elecciones de 1964 y el triunfo democratacristiano
Las elecciones de 1964 y el triunfo democratacristiano
Luego del llamado NARANJAZO, el conservadurismo inició una
agresiva campaña en los medios de comunicación masiva y mediante afiches
callejeros, alertando sobre el inminente ´peligro comunista´, el que se
ilustraba con imágenes de la revolución cubana y las invasiones soviéticas a
Hungría y Checoslovaquia. Este alegato, que pretendía convencer a la población
de que se encontraba ante la disyuntiva de escoger entre la democracia y el
comunismo, fue bautizado como ´campaña del terror´, y significó el apoyo de la
derecha al candidato de la DC. Tres candidatos se presentaron a las elecciones
de 1964: por el FRAP, Salvador Allende Gossens, quien acudía a los comicios por
tercera vez; por el Frente Democrático, Julio Duran; y por la Democracia
Cristiana, Eduardo Frei Montalva. Ante el desconcierto generalizado por el
posible triunfo del FRAP, sectores del Partido Radical se plegaron a éste,
mientras que ciertos grupos del conservadurismo apoyaron al candidato de la
Democracia Cristiana. En un clima de inquietud y violencia, el 4 de septiembre
de 1964 se celebraron las elecciones que llevaron a Frei Montalva (1911-1982) a
la presidencia del país.
La revolución en libertad
Aunque contaba con una mayoría abrumadora, Eduardo Frei Montalva,
líder de la Democracia Cristiana y creador de la doctrina ´revolución en
libertad´, en la que habría de basar su gobierno, inició su período con minoría
en ambas cámaras; sin embargo, en las elecciones parlamentarias de marzo de
1965, su partido logró una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados,
obteniendo 82 representantes; no así en el Senado, donde sólo contó con trece; por
lo tanto, para llevar a cabo su plan de gobierno, Frei tuvo que actuar con suma
prudencia y cautela a fin de lograr que sus proyectos fuesen refrendados por la
cámara alta.El programa de gobierno de Frei (1964-1970) se centraba en lo que
se denominó ´plan de promoción popular´, que contemplaba, en el campo social,
un agresivo proyecto de disminución del analfabetismo, que en ese momento
ascendía al 16 por ciento de la población, y en la creación de una Consejería
Nacional de Promoción Popular que desarrollara mecanismos de organización de la
ciudadanía, principalmente a través de las Juntas de Vecinos y los Centros de
Madres. En el terreno económico, este plan contemplaba la profundización de la
ley de Reforma Agraria y la ´chilenización´ de la gran minería del cobre,
considerada por el presidente la ´viga maestra de la economía´, puesto que
dicho rubro soportaría los vastos programas sociales de su mandato.
Son varias las
fuentes de inspiración de esta doctrina (la revolución en libertad): el
pensamiento de Teillard de Chardin, que daba unidad al pensamiento democrático
cristiano internacional; el modelo de justicia y caridad difundido por el
Centro Roberto Bellarmino de la Compañía de Jesús y la doctrina social de la
Iglesia católica que impulsaba la Universidad de Lovaina (Bélgica), una de las
más prestigiosas de Europa. Este corpus teórico fue recogido por Eduardo Frei
Montalva y sus colaboradores más estrechos, entre los cuales estaban Bernardo
Leighton, Rafael Agustín Gumucio, Manuel Carretón Walker e Ignacio Palma
Vicuña, que modelaron una avanzada democrática de principios cristianos que
Frei bautizó revolución en libertad´.El título hace alusión al logro de una
serie de reivindicaciones sociales dentro de un esquema democrático cuyas
antípoda (y esto era un clima que se había venido forjando desde el gobierno de
Gabriel González Videla) era el ´totalitarismo comunista´ de los socialismos
reales.En sus aspectos fundamentales, el modelo democratacristiano se centró en
el programa de ´promoción popular´, a través del cual se diseñaron políticas
destinadas a superar la marginalidad, mejorar las condiciones de consumo de las
clases más desposeídas, dar acceso a la educación a amplios sectores, frenar a
la cesantía, chilenizar el cobre y profundizar la reforma agraria.
Chilenización
del cobre
Este programa condujo, de un modo gradual, a la adquisición
estatal del 51 por ciento de la gran minería del cobre. A través de una
inversión del orden de los 650 millones de dólares, se pretendía, por una
parte, que el Estado chileno aumentase la producción y refinase el metal en su
territorio, y por otra, se buscaba incorporar a Chile en la comercialización
del cobre en el extranjero y mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores del sector. La izquierda, sin embargo, se opuso en las
discusiones parlamentarias, por considerarla una medida insuficiente ante las
graves necesidades del país.El proceso se realizó en dos fases: la primera,
´chilenización´ del cobre, a partir de 1965, consistió en tres acuerdos que
condujeron a la adquisición del 30 por ciento de las acciones de Minera Andina
(el 70 % restante se lo adjudicó la Cerro Corp.); a la compra del 25 por ciento
de las acciones de la mina Exótica, propiedad de la Anaconda Company; y a la
suscripción de un acuerdo con la Braden Copper conducente a la adquisición del 51
por ciento de las acciones de la mina El Teniente, que había sido traspasada la
empresa Kennecott Co. La segunda fase o ´nacionalización pactada del cobre´,
llevada a cabo a partir de 1969, contemplaba la compra del 51 por ciento de las
acciones de la Anaconda Company (minas de Chuquicamata, El Salvador y
Potrerillos), y la adquisición pactada del restante 49 por ciento en 1972, ya
en el siguiente período presidencial. La Corporación del Cobre (Codelco) pasó a
responsabilizarse por las ventas y producción del mineral y, gracias a una
política de liberación de impuestos para la importación de maquinarias, la
pequeña, mediana y gran industria del cobre modernizaron sus instalaciones y
yacimientos.
Política educacional
Dos reformas animaron la política educacional del presidente Frei;
por la primera se aumentó de seis a ocho años el período destinado a la
educación básica; por la segunda, se dividió la educación secundaria en dos
áreas, científicohumanista y técnicoprofesional. Por otra parte, la fuerte
inversión estatal en el área educación, equivalente al 22 por ciento del
presupuesto nacional, permitió desarrollar un agresivo plan de construcción de
establecimientos educacionales (2.987 nuevas escuelas). Estas medidas
redundaron en un aumento de la matrícula de la educación primaria de un 46 por
ciento durante el sexenio; la educación secundaria duplicó las matrículas
científicohumanísticas y triplicó las técnicas. Bajo su mandato se entrenó al
70 por ciento del profesorado de educación secundaria en cursos destinados al estudio
de los problemas relacionados con la orientación vocacional de los educandos.
En ese mismo contexto se creó el Instituto de Capacitación Profesional
(Inacap), dedicado a la preparación de obreros carentes de calificación.
Política
económica
Durante el gobierno de Eduardo Frei se inició un proceso de
integración a la comunidad comercial latinoamericana a través del ´Consenso
Latinoamericano de Viña del Mar´ y luego de la ´Comisión Especial de
Coordinación Latinoamericana´ del Pacto Andino.El plan de chilenización del
cobre surtió los efectos esperados y de este modo se logró, en los seis años de
gobierno de Frei, un aumento del producto geográfico bruto de un 5 por ciento.
Por otra parte, condujo a un superávit en la balanza de pagos equivalente a 168
millones de dólares en 1969 y a un descenso en el endeudamiento de 200 millones
de dólares a tan sólo 91 millones. Al igual que los gobiernos anteriores, el de
Frei se esforzó por frenar la inflación, que había llegado al 38,5 por ciento
en 1964. Para ello, implemento una política de reducción gradual de los precios
que concedía reajustes similares a los del año precedente; así se logró reducir
la inflación al 17 por ciento en 1966. Sin embargo, esta política comenzó a
naufragar en 1967 y la inflación aumentó al 21,9 por ciento, desbordándose en
1968, con un 27,9, y al finalizar su mandato, en 1970, con un 34,9 por ciento.
Ello abrió las puertas al descontento de las clases trabajadoras, que se
tradujo en una serie de huelgas convocadas por la Central Única de
Trabajadores.
Reforma
agraria
Si bien el gobierno de Alessandri había promulgado la ley de
Reforma Agraria, ésta se había llevado a cabo con suma timidez. En este campo,
el plan de Frei requería de una reforma de la Constitución que primero definiese
claramente la función social de la propiedad, y segundo, permitiese al Estado
el pago diferido de las expropiaciones. La consulta al Senado se realizó en
1965, pero éste sólo aprobó las reformas, gracias al apoyo de la izquierda, en
julio de 1967. A partir de este momento se aceleró el proceso, expropiándose 1
319 fundos con una superficie aproximada de 300 000 hectáreas de riego y 3,1
millones de hectáreas de secano, lo que permitió la creación de 910
´asentamientos campesinos´ para 29 139 familias. Este proceso fue criticado por
la izquierda, que consideraba que el problema del latifundio aún no se había
resuelto y que, por lo tanto, la política gubernamental de reforma agraria era
insuficiente. Por su parte, la derecha centró sus críticas en la excesiva
burocracia y la tardanza registrada en el pago diferido de las expropiaciones.
SALVADOR ALLENDE
En un marco de cambios políticos, el 4 de septiembre de 1970 se
llevaron a cabo las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a la Unidad
Popular, conglomerado de izquierda conformado, entre otras fuerzas sociales,
por comunistas, socialistas y radicales, y a su candidato Salvador Allende.
Debido a que Allende obtuvo un porcentaje inferior al requerido
para quedarse en forma directa con el sillón presidencial (36,3%), el Congreso,
de acuerdo con la constitución que en ese tiempo regía al país (constitución de
1925), debía confirmarlo eligiéndolo de entre las dos primeras mayorías,
Allende y Alessandri (34,9%).
Para lograr esto y debido a que la Unidad
Popular no poseía los votos necesarios para ratificarlo como Presidente,
previamente a la votación, Salvador Allende debió firmar con la Democracia
Cristiana un pacto en el cual el nuevo gobierno se comprometía a respetar la
seguridad de la sociedad Chilena y la Democracia Cristiana, por su parte, a
confirmar en el Congreso a Allende como Presidente de la República.
Este convenio es
conocido como el Pacto de Garantías Constitucionales y entre sus puntos
destacan los siguientes:
- Plena vigencia
del Estado de Derecho.
- Mantenimiento
del ejercicio de la Autoridad a través de los tres poderes del estado y
preservación de su autonomía.
- Libertad de
expresión; mantenimiento de la organización y el funcionamiento independiente
de los partidos políticos.
- Consideración de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile como únicos garantes de la
convivencia democrática y custodios de la seguridad nacional.
El 27 de octubre
de 1970, Allende es ratificado por el Congreso pleno, obteniendo 153 votos.
El 4 de noviembre
de 1970 los ojos del mundo se posaron sobre Chile, Salvador Allende Gossens
asumía la presidencia del país y se convertía en el primer presidente
socialista del planeta en llegar al poder a través de las urnas.
Al asumir su
mando, Allende intento implementar su programa de gobierno, programa conocido
como “las 40 medidas fundamentales”, estas pueden resumirse de la siguiente
forma:
* Reajuste salario
mínimo en un 66%, y el sueldo mínimo en 35%.
* Congelamiento de
precios de los artículos de primera necesidad.
* Disminución de
la cesantía
* Programa de
construcción de viviendas.
* Control de la
inflación.
* Estimulación de
la producción nacional.
* Mejora de
servicios estatales de salud.
* Distribución
gratuita de leche a infantes y escolares.
* Creación de un
sistema único de seguridad social.
* Profundización
en la ley de reforma agraria.
* Nacionalización
del cobre, salitre y carbón.
* Estatización de
grandes industrias de acero, cementos, compañía de teléfono y de la banca.
Para llevar a cabo
la reorganización socialista de la economía nacional, el programa contemplaba
tres categorías de la propiedad: propiedad social (el Estado estaba facultado
mediante ley, y para cada caso, estatizar una empresa considerada de interés
social); propiedad privada; propiedad mixta (el Estado participaba con un
porcentaje de las acciones de la empresa). Esta reorganización tripartita de la
propiedad fue confirmada por el Congreso mediante una reforma constitucional en
el año 1972.
El gobierno de
Allende consideraba que el primer paso en el camino hacia la independencia
económica con el exterior debía ser la nacionalización del cobre, ya que éste
constituiría el “sueldo de Chile”. El proceso se realizó mediante una reforma
constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional con la ley del 16
de julio de 1971, que fijaba la expropiación de los derechos de las empresas de
capital Norteamericano, así como Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.
La Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) llevó a cabo la estatización, que contemplaba la adquisición de las
acciones, y la intervención de bancos e instituciones financieras, bajo la
tutela del Banco Central, de la propia CORFO y de la Dirección de Presupuesto,
organismos que destinaron su atención a los programas del área social, aunque
el gobierno tenia proyectada la creación de un banco nacional que centralizaría
las operaciones financieras y el control crediticio, pero nunca entró en
funciones. El Banco del Estado, por su parte, se dedicó a los créditos
agropecuarios. A finales de 1971, el gobierno controlaba el 95% de las
colocaciones y los depósitos bancarios.
El primer año de gobierno socialista arrojó resultados positivos
para el país, el producto interno bruto aumento en un 8,6% ; La inflación se
redujo de un 34,9% en 1970 a 22,1% en el año 1971; la reforma agraria había
expropiado alrededor de 10 millones de hectáreas, equivalentes a casi la mitad
de toda la tierra agrícola el país, la cesantía bajó a un 3,8%, y lo más
importante de todo, el gobierno se afianzaba en el poder y el pueblo demostraba
su apoyo incondicional a Allende, pues en las elecciones municipales celebradas
en abril de 1971 la Unidad Popular Obtenía un 49,5% de los sufragios.
Sin embargo, tan halagadores resultados solo serian temporales,
pues en unos meses mas se produciría el efecto retardado de la gran expansión monetaria
que había tras de todo lo obrado y que en el año en cuestión supero en 13 mil
millones de escudos a la de 1970. tan formidable expansión financiera hizo
desaparecer las mercancías, desvalorizo el escudo y dio nacimiento a la
especulación y el mercado negro. Se le llamo inflación desabastecida y provoco
el rechazo de la moneda nacional y la preferencia por el dólar y otras monedas
extranjeras.
En octubre de 1971 comenzó a observarse el arranque inflacionista
que, en 1973, se convirtió en devastador alud, dejando al descubierto las
tremendas debilidades de la gestión económica del gobierno, aun cuando no
faltan quienes aseguran, con base, que fueron efectos premeditadamente
perseguidos, con el propósito de crear condiciones favorables a la implantación
del socialismo autoritario.
En 1972 la crisis se hizo sentir a través del crédito extranjero, proveniente especialmente de Estados Unidos, con lo que el gobierno se vio obligado a obtener prestamos desde el bloque socialista. El país se enfrentaba a un déficit fiscal del 41,5% ; El programa de estatización se había reducido de 252 industrias del área social a, solo, 91 ; La producción industrial había bajado a un 7% y los sueldos y salarios se habían reducido como medida para contener la inflación, que a mediados de 1972 llegaba al 163,4%.
En 1972 la crisis se hizo sentir a través del crédito extranjero, proveniente especialmente de Estados Unidos, con lo que el gobierno se vio obligado a obtener prestamos desde el bloque socialista. El país se enfrentaba a un déficit fiscal del 41,5% ; El programa de estatización se había reducido de 252 industrias del área social a, solo, 91 ; La producción industrial había bajado a un 7% y los sueldos y salarios se habían reducido como medida para contener la inflación, que a mediados de 1972 llegaba al 163,4%.
La situación se agravaba cada día más, el 9 de octubre de 1972 se inicio una huelga de camioneros, los cuales decidieron paralizar sus actividades en todo el país. Estos con el apoyo de la CIA norteamericana, la cual los financió con mas de 2 millones de dólares, tenían pleno conocimiento que esta acción traería consecuencias nefastas para la ultra alicaída economía nacional y un quiebre inminente en el gobierno de Allende.
El descontrol invadió al país, al gremio transportista se les unió
la Confederación de Comercio Detallista, la Confederación de la Pequeña
Industria y Artesanado, las Federaciones de estudiantes secundarios y
universitarios, los principales colegios profesionales, trabajadores
portuarios, los trabajadores de la Universidad de Chile, los pilotos de la
Línea Aérea Nacional (LAN) y la poderosa Confederación de la Producción y el
Comercio, con todas sus ramas.
La huelga de camioneros fue el detonante final. Producto de
nuestra particular geografía, la economía chilena está a merced de su
transporte rodado. Paralizarlo es paralizar el país. Pero el gremio del
transporte era una de las muchas fibras sociales que veía profundamente
afectados sus intereses económicos por las reformas socialistas.
Al no encontrar ninguna salida al conflicto y con el país en
crisis, Salvador Allende busco una solución inédita en su mandato. Casi un mes
después del inicio de la paralización, el 2 de noviembre de 1972, juraba un
nuevo gabinete, en el cual destacaban 3 uniformados, el General de Ejercito
Carlos Prats, en el Ministerio del Interior, el Contralmirante Ismael Huerta en
Obras Públicas y el General de Aviación Claudio Sepúlveda en el Ministerio de
Minería.
El 5 de noviembre de 1972, la huelga de transportistas y
comerciantes, iniciada, el 9 de octubre, fue “desconvocada”. El General Prats,
recién nombrado Ministro del Interior, consiguió en solo 3 días lo que Allende
no había conseguido durante casi un mes de conflicto. La hábil maniobra del
Presidente surtía efecto, el nombramiento de los Militares en el gabinete daba
más seguridad al país.
El 21 de octubre de 1972 el Congreso aprobó la Ley de Control de
Armas, proyecto estudiado debidamente por el ministerio de defensa, en el que
se quitó a los intendentes la facultad de autorizar el uso de armas de fuego,
se confió el control de éstas a las autoridades militares y se prohibió la
existencia de milicias y grupos paramilitares.
La ley mencionada fue calificada como "el primer gran triunfo
obtenido por quienes desean el imperio de la democracia en Chile". Gracias
a ella, las fuerzas armadas realizaron allanamientos, descubrieron campamentos
guerrilleros y encontraron depósitos de armas, elementos con los cuales
extremistas chilenos y extranjeros estaban organizando el ejército del poder
popular.
La incorporación de las Fuerzas Armadas al gobierno apaciguó
momentáneamente el ambiente político y se iniciaron los preparativos destinados
a asegurar un desenvolvimiento pacífico y ordenado en las próximas elecciones a
realizarse en marzo del año 1973.
El año de 1973 comienza en Chile con un anuncio de medidas “de
economía de guerra”. El 10 de enero de 1973, Fernando Flores, Ministro de
Hacienda, declara que para combatir la inflación y el mercado negro se pondrá
en marcha un sistema de racionamiento para una treintena de productos de
primera necesidad. En el JAP (Comité de Suministros y Precios) se pensaba en la
posibilidad de organizar, por barrios, la distribución de estos productos con
la ayuda de las amas de casa y los trabajadores del barrio. El Ministro, al
denunciar el contrabando como una consecuencia de la “especulación deliberada”,
puso el dedo en la llaga sobre el fenómeno que apareció y se agudizó con las
huelgas de transportistas y comerciantes de octubre de 1972, a saber, el
almacenamiento clandestino con el fin de provocar una escasez artificial a
pesar de que la producción de artículos, como la leche, la margarina, las
pastas, incluso los neumáticos habían pasado de un 26% a un 38% entre 1971 y
1972. se trata, decía Flores, de una “estrategia electoral” destinada a socavar
la imagen del gobierno con miras a las elecciones de marzo de 1973.
El país, a principios de año y a pesar de estar en época estival,
estaba sumido en una gran actividad política, pensando en las próximas
elecciones parlamentarias, por que si la oposición a Allende conseguía reunir
dos tercios del total de los escaños del Congreso, podría entonces destituir
legalmente al jefe de Estado.
Como ocurre siempre en Chile, las elecciones del 4 de marzo de
1973 se efectuaron en la mayor tranquilidad y la CODE (Confederación
Democrática, conformado por el Partido Nacional Y la Democracia Cristiana) y la
Unidad Popular se consideraron vencedoras: la primera porque obtuvo una fuerte
y poderosa mayoría (57%), y el bando oficialista (43%), lo considero como una
victoria Pues la CODE no logró los dos tercios y Allende podría seguir
gobernando aunque con un parlamento adverso, pero sin el temor de una acusación
constitucional que terminara con su administración.
Las elecciones tuvieron un carácter de clase innegable y quedó muy
en claro que los que votaron por la UP, lo hicieron a favor de un cierto tipo
de régimen que concedía a las masas una participación que hasta ese período, se
les había negado.
Realizadas las elecciones, los militares renunciaron al gabinete.
Las manifestaciones populares siguieron en aumento. Distintos colegios
-Abogados, Médicos, Profesores, entre otros- se declararon en huelga, a los que
se les sumaron los trabajadores del mineral de cobre El Teniente que mantuvieron
la producción paralizada por más de 70 días.
La huelga del cobre se inició en abril de 1973, específicamente el
día 17, a causa de una disputa por mejoramientos saláriales en el mineral de El
Teniente, esta situación tuvo un giro nuevo y funesto para el manejo popular,
el proletariado se había sumado a las protestas contra el gobierno. Con los
mineros se consiguió una rápida solución, sin embargo, los empleados se negaron
a acatarla. Más aun cuando algunos de ellos señalaban su intención de volver al
trabajo, comenzaba la violencia terrorista. Se ocuparon carreteras que llevaban
a la mina y se atentaron contra buses que transportaban el personal al
yacimiento.
Al cabo de un mes de paralización, una columna de mineros se
dirigió en una larga peregrinación hasta Santiago. El Congreso abrió sus
puertas y recibió a los obreros. Las damas de la alta sociedad organizaron
ollas comunes para los agotados marchantes y los estudiantes de la Universidad
Católica, en solidaridad con los huelguistas, ocupando la casa central de la
sede de estudios.
El paro de los trabajadores cupríferos llegó a su fin luego de la
intentona golpista del 29 de junio, curiosa coincidencia.
El 29 de junio de 1973, después de una tensa semana, una unidad de
blindados o tanques de Santiago se sublevó contra el gobierno y atacó la Moneda
y el ministerio de defensa, causando víctimas entre civiles y uniformados. El
movimiento, cuyas finalidades eran confusas, fue dominado en la misma mañana
por el general Prats y las propias fuerzas armadas. Los cordones industriales
no se hicieron presentes; pero Allende, hablando por radio, llamó al pueblo a
tomar las industrias y todas las empresas, las que quedaron bajo el control de
la CUT. Ello elevó a 526 las fabricas a cargo de interventores. El congreso rechazó
la petición de estado de sitio. Mientras tanto, para la ciudadanía se hacía
evidente que el país enfrentaba el serio riesgo de un golpe de Estado.
El 25 de julio se inició un nuevo paro indefinido de la
Confederación de sindicatos de Dueños de Camiones de Chile, que inmovilizó
económicamente al país, lo que se sumó a la creciente polarización y
radicalización de la vida nacional, haciendo temer el estallido de conflictos
más graves.
El cardenal Raúl Silva Henríquez intentó sin éxito, lograr un
entendimiento entre la Democracia Cristiana y el gobierno para calmar de los
ánimos. Patricio Aylwin, dirigente de la DC, rechazó la propuesta de Salvador
Allende de crear un gabinete que satisficiera a su propio partido, por
considerarla una maniobra que dilataría las conversaciones. Por su parte, la
propuesta de Aylwin también fue rechazada por la UP, ya que implicaba la
sumisión del presidente de la República a la comandancia en jefe de las Fuerzas
Armadas.
Como una "última oportunidad" Allende organizó un
gabinete formado por personemos del gobierno, los tres comandantes en jefe de
las fuerzas armadas y el director general del cuerpo de carabineros, ministro
de defensa fue el general Prats.
Pero la situación se hizo cada vez más tensa y con intervalo de pocos días hubieron de retirarse los ministros que pertenecían a las fuerzas armadas. La verdad es que desde tiempo atrás se acusaba a Prats de demostrarse demasiado inclinado a la UP.
El presidente, para seguir ganando tiempo, creyó posible continuar el diálogo con la DC. Para ello organizó un nuevo gabinete, que iba a ser el último de su accidentado gobierno.
Pero el desabastecimiento, las colas y el mercado negro no eran terreno propicio para solucionar los numerosos problemas que se habían ido acumulando. El costo de la vida subió en menos de tres años en 705%; se calculaba una inflación del 500% para el año 73; se emitía dinero en cantidades fabulosas, principalmente para cubrir el déficit que dejaba la mala administración de las empresas del área social.
El 23 de agosto de 1973, el comandante en jefe del Ejercito, General Carlos Prats, conocido por su lealtad constitucional, presentó su renuncia, agobiado por las presiones de aquellos que querían ver a los militares comprometidos en una acción que pusiera fin al gobierno de Allende.
Un extraño suceso motiva su renuncia. Mientras esta detenido en una luz roja, el General observa a una persona que, desde un auto vecino, le hace muecas (le saca la lengua). Abriendo la ventanilla, Prats toma su revolver y dispara un tiro hacia el guardabarros delantero. No tarde en descubrir que su adversario es una mujer. Da las explicaciones del caso, pero en ese mismo momento aparece una nube de fotógrafos y cientos de transeúntes que lo insultan soezmente, el General debe escapar en un taxi, puesto que la turba, iracunda, le ha desinflado los neumáticos de su vehículo. A la humillación sigue la dimisión.
Tanto el Presidente, como el comandante saliente, concordaron, para sucederle, en un hombre cuya lealtad no les merecía dudas, el General Augusto Pinochet Ugarte. A ambos les pareció que él podía asumir la grave responsabilidad de dirigir al Ejercito Chileno en la senda constitucionalista, como es sabido, se equivocaron en su apreciación del hombre: ambos serían traicionados al cabo de unos días.
Pero la situación se hizo cada vez más tensa y con intervalo de pocos días hubieron de retirarse los ministros que pertenecían a las fuerzas armadas. La verdad es que desde tiempo atrás se acusaba a Prats de demostrarse demasiado inclinado a la UP.
El presidente, para seguir ganando tiempo, creyó posible continuar el diálogo con la DC. Para ello organizó un nuevo gabinete, que iba a ser el último de su accidentado gobierno.
Pero el desabastecimiento, las colas y el mercado negro no eran terreno propicio para solucionar los numerosos problemas que se habían ido acumulando. El costo de la vida subió en menos de tres años en 705%; se calculaba una inflación del 500% para el año 73; se emitía dinero en cantidades fabulosas, principalmente para cubrir el déficit que dejaba la mala administración de las empresas del área social.
El 23 de agosto de 1973, el comandante en jefe del Ejercito, General Carlos Prats, conocido por su lealtad constitucional, presentó su renuncia, agobiado por las presiones de aquellos que querían ver a los militares comprometidos en una acción que pusiera fin al gobierno de Allende.
Un extraño suceso motiva su renuncia. Mientras esta detenido en una luz roja, el General observa a una persona que, desde un auto vecino, le hace muecas (le saca la lengua). Abriendo la ventanilla, Prats toma su revolver y dispara un tiro hacia el guardabarros delantero. No tarde en descubrir que su adversario es una mujer. Da las explicaciones del caso, pero en ese mismo momento aparece una nube de fotógrafos y cientos de transeúntes que lo insultan soezmente, el General debe escapar en un taxi, puesto que la turba, iracunda, le ha desinflado los neumáticos de su vehículo. A la humillación sigue la dimisión.
Tanto el Presidente, como el comandante saliente, concordaron, para sucederle, en un hombre cuya lealtad no les merecía dudas, el General Augusto Pinochet Ugarte. A ambos les pareció que él podía asumir la grave responsabilidad de dirigir al Ejercito Chileno en la senda constitucionalista, como es sabido, se equivocaron en su apreciación del hombre: ambos serían traicionados al cabo de unos días.
Un complot golpista entre civiles y militares venía
desarrollándose desde hacia tiempo, con gran urgencia. Liderado por el
almirante José Toribio Merino, el general de la Fuerza Aérea Gustavo Leihg y
por el general de Carabineros, César Mendoza, precisaba de la participación del
comandante en jefe del Ejército, la rama principal de las Fuerzas Armadas. Si
bien los insurrectos contaban con el apoyo de varios generales de Ejército,
necesitaban asegurarse de la participación del comandante en jefe, pues de lo
contrario arriesgaban el peligro de un posible quiebre entre las fuerzas
militares, el que inevitablemente conduciría a una guerra civil. Según
versiones fidedignas, el general Pinochet se sumó al golpe a escasos días de su
realización. La fecha fue fijada para el martes 11 de septiembre, día en que el
Presidente Allende anunciaría, según fuentes cercanas a el, la convocatoria a
un plebiscito que permitiera una salida política al impasse en que se
encontraba el gobierno. El llamado nunca llegó a concretarse.
En la madrugada de ese martes 11, los barcos de la Armada retornaron a Valparaíso y ocuparon la ciudad. Rápidamente, y tal como estaba planificado, el movimiento se coordinó con las fuerzas militares en la capital. Pese a que todos conocían los rumores que vaticinaban la preparación de un golpe, lo cierto es que su consumación, fue vivida por la gran mayoría con gran asombro.
Los primeros indicios fueron conocidos por el país a través de emisiones radiales. Las emisoras partidarias del gobierno alcanzaron a transmitir los mensajes del Presidente Allende, concitando el desconcierto de sus seguidores, quienes, a pesar de los presuntos preparativos para la revolución, no estaban en condiciones de resistir, ni con movilización de masas, ni con fuerza militar. Si bien no faltaron los que, en medio del toque de queda que se impuso a la población civil, se congregaron en familia, en torno a un brindis con champagne para celebrar el derrocamiento del régimen, el estupor paralizó a gran parte de los Chilenos, mientras otros eran presa de la impotencia y del terror. Las radios de oposición, desde muy temprano difundieron, con sones marciales de fondo, instrucciones y bandos militares en los que se exhortaba a la población a obedecer las órdenes de quienes se habían tomado el poder. Los bandos militares dieron a conocer listas de nombres de dirigentes de la Unidad Popular que debían presentarse en el Ministerio de Defensa.
El golpe se desarrolló con dramática espectacularidad. Se creyó que era necesario provocar un impacto tal que diluyera las apasionadas lealtades con que contaba el gobierno, de manera de paralizar toda reacción por parte de sus seguidores, y evitar, así, un enfrentamiento prolongado en el tiempo.
Las movilización de tropas en el puerto de Valparaíso fueron conocidas en la misma madrugada de ese día por Allende, el Presidente se dirigió raudamente al palacio de La Moneda acompañado de su escolta. La desinformación en torno a la magnitud del movimiento golpista llevó a frecuentes equívocos. En el palacio presidencial no se tenía certeza de cuales eran las fuerzas leales al gobierno, y quienes serían los generales involucrados en el alzamiento. Incluso algunos de los colaboradores más cercanos del Salvador Allende relatan la inquietud del Presidente sobre la suerte que podría estar corriendo el comandante en jefe del Ejército, preguntando en varias ocasiones “¿ Que será del pobre Augusto?”. Por su parte, las fuerzas sublevadas también se encontraban en la incertidumbre. Elocuente resulta el que las tropas que participaron en el golpe utilizaran un distintivo -una especie de pañuelo anaranjado en el cuello-, a fin de reconocer a aquellos militares que resistieran el alzamiento. Era tal el ambiente de desconfianza, alimentado por los incendiarios discursos de los sectores más extremos de la izquierda sobre la existencia de grupos civiles armados y su infiltración en las filas militares, que se esperaba una gran resistencia de parte de los militantes que apoyaban al gobierno. Pero ésta fue sorprendentemente débil, incluso en los cordones industriales. Salvo algunos francotiradores apostados en los edificios aledaños al palacio de La Moneda y a la acción de los GAP (Grupo de Amigos del Presidente), quienes se enfrentaron con las fuerzas alzadas, la resistencia fue casi nula, contrastando con la feroz y violenta ofensiva de los atacantes golpistas.
Tras algunas comunicaciones telefónicas con los generales que lideraban el golpe, el Presidente Allende decidió permanecer en el palacio presidencial : “Un Presidente de Chile no se rinde”, les hizo saber a los militares; era él quien encarnaba la legitimidad constitucional y quien contaba con el respaldo de casi la mitad del electorado.
Justo a las 10 de la mañana del día 11, los tanques que rodeaban La Moneda, comienzan a disparar contra el palacio, los cañonazos hacen tambalear las paredes y los techos. Desde dentro del edificio gubernativo, algunos defensores responden lanzando, con poca eficacia, disparos de bazocas.
Al medio día comienza el bombardeo aéreo, el vuelo rasante de los hawker-hunter ya no tenia como objetivo atemorizar, sino algo muchísimo más claro, atacar.
Los primeros cohetes destrozan el techo de la sala del consejo, produciéndose un incendio que se propagó a las salas colindantes. Después de la segunda pasada de los cazas, una columna de humo negro, visible a gran distancia, se eleva en el cielo gris de finales de invierno en Santiago, muchos ven esto como un símbolo, el fin del sueño de la Unidad Popular.
Pasado el medio día, el Presidente Allende puso fin a su vida. El impacto y el asombro nacional fueron infinitos, volcándose en una fuente de ayuda y solidaridad casi inmediata con quienes empezaban a ser perseguidos por la dictadura que se empezaba a implantar.
El golpe fue certero. Ya no bastaba con rodear de tanques el edificio presidencial, como había sucedido en ocasiones anteriores, ni ocupar militarmente las principales ciudades del país; ahora se buscaba destruir la viga central que sostenía el andamiaje institucional Chileno que había hecho posible el acceso al poder de los representantes de vastos sectores de la población, antes excluidos, implantándose un orden evocador de las imágenes del “mundo al revés”. Pensaron que era necesario detener el carnaval desatado, con su secuela de inseguridad y subversión del orden establecido. La imagen de los hawker-hunter sobrevolando la capital tuvo ese efecto disuasivo. El ataque desde el aire ponía a los agresores en una situación de superioridad difícil de contrarrestar. Los objetivos fueron pocos, pero efectivos: la casa del Presidente de la República y el palacio de La Moneda. Se anunciaba así la inauguración de una nueva época, la instauración de una nueva revolución, la que en calidad de tal, supuso un giro completo y demoledor del orden preexistente. El mensaje fue claro: la destrucción y posterior clausura de la puerta de Morande 80, por la que tradicionalmente ingresaban los Presidentes de la República al palacio de gobierno, constituyó un verdadero símbolo; tras ella se cerraban todas las puertas ayer abiertas a la movilización de los nuevos actores sociales, los que a su paso habían echado por tierra las barreras del orden estatuido. Desde ese martes 11, la reclusión en los hogares, campos de concentración y cárceles, con miras a despejar de marchas y mítines multitudinarios tanto en la calle como en los espacios de encuentro comunitario, impondrían su sello. En ocasiones anteriores, el país había asistido a excesos y abusos provenientes de diversos sectores, pero no conocía nada parecido al terrorismo de Estado sostenido en el tiempo.
AUGUSTO PINOCHET
En la madrugada de ese martes 11, los barcos de la Armada retornaron a Valparaíso y ocuparon la ciudad. Rápidamente, y tal como estaba planificado, el movimiento se coordinó con las fuerzas militares en la capital. Pese a que todos conocían los rumores que vaticinaban la preparación de un golpe, lo cierto es que su consumación, fue vivida por la gran mayoría con gran asombro.
Los primeros indicios fueron conocidos por el país a través de emisiones radiales. Las emisoras partidarias del gobierno alcanzaron a transmitir los mensajes del Presidente Allende, concitando el desconcierto de sus seguidores, quienes, a pesar de los presuntos preparativos para la revolución, no estaban en condiciones de resistir, ni con movilización de masas, ni con fuerza militar. Si bien no faltaron los que, en medio del toque de queda que se impuso a la población civil, se congregaron en familia, en torno a un brindis con champagne para celebrar el derrocamiento del régimen, el estupor paralizó a gran parte de los Chilenos, mientras otros eran presa de la impotencia y del terror. Las radios de oposición, desde muy temprano difundieron, con sones marciales de fondo, instrucciones y bandos militares en los que se exhortaba a la población a obedecer las órdenes de quienes se habían tomado el poder. Los bandos militares dieron a conocer listas de nombres de dirigentes de la Unidad Popular que debían presentarse en el Ministerio de Defensa.
El golpe se desarrolló con dramática espectacularidad. Se creyó que era necesario provocar un impacto tal que diluyera las apasionadas lealtades con que contaba el gobierno, de manera de paralizar toda reacción por parte de sus seguidores, y evitar, así, un enfrentamiento prolongado en el tiempo.
Las movilización de tropas en el puerto de Valparaíso fueron conocidas en la misma madrugada de ese día por Allende, el Presidente se dirigió raudamente al palacio de La Moneda acompañado de su escolta. La desinformación en torno a la magnitud del movimiento golpista llevó a frecuentes equívocos. En el palacio presidencial no se tenía certeza de cuales eran las fuerzas leales al gobierno, y quienes serían los generales involucrados en el alzamiento. Incluso algunos de los colaboradores más cercanos del Salvador Allende relatan la inquietud del Presidente sobre la suerte que podría estar corriendo el comandante en jefe del Ejército, preguntando en varias ocasiones “¿ Que será del pobre Augusto?”. Por su parte, las fuerzas sublevadas también se encontraban en la incertidumbre. Elocuente resulta el que las tropas que participaron en el golpe utilizaran un distintivo -una especie de pañuelo anaranjado en el cuello-, a fin de reconocer a aquellos militares que resistieran el alzamiento. Era tal el ambiente de desconfianza, alimentado por los incendiarios discursos de los sectores más extremos de la izquierda sobre la existencia de grupos civiles armados y su infiltración en las filas militares, que se esperaba una gran resistencia de parte de los militantes que apoyaban al gobierno. Pero ésta fue sorprendentemente débil, incluso en los cordones industriales. Salvo algunos francotiradores apostados en los edificios aledaños al palacio de La Moneda y a la acción de los GAP (Grupo de Amigos del Presidente), quienes se enfrentaron con las fuerzas alzadas, la resistencia fue casi nula, contrastando con la feroz y violenta ofensiva de los atacantes golpistas.
Tras algunas comunicaciones telefónicas con los generales que lideraban el golpe, el Presidente Allende decidió permanecer en el palacio presidencial : “Un Presidente de Chile no se rinde”, les hizo saber a los militares; era él quien encarnaba la legitimidad constitucional y quien contaba con el respaldo de casi la mitad del electorado.
Justo a las 10 de la mañana del día 11, los tanques que rodeaban La Moneda, comienzan a disparar contra el palacio, los cañonazos hacen tambalear las paredes y los techos. Desde dentro del edificio gubernativo, algunos defensores responden lanzando, con poca eficacia, disparos de bazocas.
Al medio día comienza el bombardeo aéreo, el vuelo rasante de los hawker-hunter ya no tenia como objetivo atemorizar, sino algo muchísimo más claro, atacar.
Los primeros cohetes destrozan el techo de la sala del consejo, produciéndose un incendio que se propagó a las salas colindantes. Después de la segunda pasada de los cazas, una columna de humo negro, visible a gran distancia, se eleva en el cielo gris de finales de invierno en Santiago, muchos ven esto como un símbolo, el fin del sueño de la Unidad Popular.
Pasado el medio día, el Presidente Allende puso fin a su vida. El impacto y el asombro nacional fueron infinitos, volcándose en una fuente de ayuda y solidaridad casi inmediata con quienes empezaban a ser perseguidos por la dictadura que se empezaba a implantar.
El golpe fue certero. Ya no bastaba con rodear de tanques el edificio presidencial, como había sucedido en ocasiones anteriores, ni ocupar militarmente las principales ciudades del país; ahora se buscaba destruir la viga central que sostenía el andamiaje institucional Chileno que había hecho posible el acceso al poder de los representantes de vastos sectores de la población, antes excluidos, implantándose un orden evocador de las imágenes del “mundo al revés”. Pensaron que era necesario detener el carnaval desatado, con su secuela de inseguridad y subversión del orden establecido. La imagen de los hawker-hunter sobrevolando la capital tuvo ese efecto disuasivo. El ataque desde el aire ponía a los agresores en una situación de superioridad difícil de contrarrestar. Los objetivos fueron pocos, pero efectivos: la casa del Presidente de la República y el palacio de La Moneda. Se anunciaba así la inauguración de una nueva época, la instauración de una nueva revolución, la que en calidad de tal, supuso un giro completo y demoledor del orden preexistente. El mensaje fue claro: la destrucción y posterior clausura de la puerta de Morande 80, por la que tradicionalmente ingresaban los Presidentes de la República al palacio de gobierno, constituyó un verdadero símbolo; tras ella se cerraban todas las puertas ayer abiertas a la movilización de los nuevos actores sociales, los que a su paso habían echado por tierra las barreras del orden estatuido. Desde ese martes 11, la reclusión en los hogares, campos de concentración y cárceles, con miras a despejar de marchas y mítines multitudinarios tanto en la calle como en los espacios de encuentro comunitario, impondrían su sello. En ocasiones anteriores, el país había asistido a excesos y abusos provenientes de diversos sectores, pero no conocía nada parecido al terrorismo de Estado sostenido en el tiempo.
AUGUSTO PINOCHET
El Régimen Militar, de 1973 - 1990 es el período de la historia de Chile comprendida desde de 11 de septiembre de 1973,
cuando los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de
Carabineros dieron un golpe
de Estado y derrocaron
al gobierno del Presidente Salvador Allende, hasta el 11 de marzo de 1990,
cuando Augusto Pinochet entregó el poder al presidente elegido en las elecciones efectuadas en el mes de diciembre de 1989,
como consecuencia del resultado del plebiscito realizado en 1988.
Durante este período, Chile sufrió una importante transformación económica, política y social, a la vez que se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El régimen se caracterizó por un modelo autoritario de gobierno, pero partidarios y detractores del régimen se refieren a él con diversos nombres: Gobierno militar y dictadura militar, respectivamente.
Durante este período, Chile sufrió una importante transformación económica, política y social, a la vez que se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El régimen se caracterizó por un modelo autoritario de gobierno, pero partidarios y detractores del régimen se refieren a él con diversos nombres: Gobierno militar y dictadura militar, respectivamente.
El modelo neoliberal
En su discurso de Chacarillas, en 1977, Pinochet anunció su programa para establecer lo que sería la nueva institucionalidad del país.
Para arreglar el caos económico, el gobierno del general Pinochet comenzó a aplicar, en 1974, el modelo de economía social de mercado o neoliberal, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base teórica de esta tendencia fue un texto conocido como El ladrillo, en el cual los economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, como Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro (los llamados “Chicago Boys”), luego de analizar la situación del país, proponían este modelo económico.En el marco de este planteamiento, se cambió la moneda de escudo a peso, se establecieron bajos aranceles (cifras oficiales que hay que pagar para poder internar algunos productos en un país.) para la importación y exportación de productos no tradicionales, se mantuvo un dólar fijo equivalente a 39 pesos y se incentivó la inversión de capitales extranjeros. Además, se terminó con la Reforma Agraria y se privatizaron numerosas empresas estatales importantes, aunque la Corporación del Cobre, Codelco, siguió en manos del Estado.Por otra parte, aumentaron los gastos en defensa, sueldos y beneficios de las Fuerzas Armadas y servicios secretos. Una ley determinó que se iba a destinar el 10 por ciento de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de cobre, a la compra de armas.El gasto en salud, vivienda e infraestructura (como la construcción de caminos, por ejemplo) disminuyó notablemente en los primeros años del régimen militar.Tambalea el modeloEn 1982, el gobierno del general Pinochet se encontraba en serios problemas económicos. La deuda ascendía a 16.000 millones de dólares. Esta situación, atribuida por el régimen militar a una recesión o crisis mundial, fue agravada por el exceso de libertad económica y la mantención del dólar fijo, que favorecía a los importadores, pero no a los exportadores.Para enfrentar la crisis, se terminó con la fijación del dólar, lo que afectó a todos quienes tenían deudas en esa moneda, pues estas aumentaron fuertemente. Alrededor de 450 empresas quebraron y el desempleo llegó al 30 por ciento, aproximadamente.El Estado tuvo que intervenir en 1983, absorbiendo las deudas de algunas empresas, pero sobre todo de varios bancos importantes quebrados.Fuera de este difícil momento, los últimos años del régimen militar dejaron una economía sólida y con proyecciones de desarrollo. Se produjo la diversificación de la economía al exportar productos diferentes a los tradicionales y competitivos en el mercado internacional. Además, se reforzó la modernización del Estado, privatizando no solo empresas estatales, sino que también los servicios sociales, de la salud y de la educación.
En su discurso de Chacarillas, en 1977, Pinochet anunció su programa para establecer lo que sería la nueva institucionalidad del país.
Para arreglar el caos económico, el gobierno del general Pinochet comenzó a aplicar, en 1974, el modelo de economía social de mercado o neoliberal, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base teórica de esta tendencia fue un texto conocido como El ladrillo, en el cual los economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, como Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro (los llamados “Chicago Boys”), luego de analizar la situación del país, proponían este modelo económico.En el marco de este planteamiento, se cambió la moneda de escudo a peso, se establecieron bajos aranceles (cifras oficiales que hay que pagar para poder internar algunos productos en un país.) para la importación y exportación de productos no tradicionales, se mantuvo un dólar fijo equivalente a 39 pesos y se incentivó la inversión de capitales extranjeros. Además, se terminó con la Reforma Agraria y se privatizaron numerosas empresas estatales importantes, aunque la Corporación del Cobre, Codelco, siguió en manos del Estado.Por otra parte, aumentaron los gastos en defensa, sueldos y beneficios de las Fuerzas Armadas y servicios secretos. Una ley determinó que se iba a destinar el 10 por ciento de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de cobre, a la compra de armas.El gasto en salud, vivienda e infraestructura (como la construcción de caminos, por ejemplo) disminuyó notablemente en los primeros años del régimen militar.Tambalea el modeloEn 1982, el gobierno del general Pinochet se encontraba en serios problemas económicos. La deuda ascendía a 16.000 millones de dólares. Esta situación, atribuida por el régimen militar a una recesión o crisis mundial, fue agravada por el exceso de libertad económica y la mantención del dólar fijo, que favorecía a los importadores, pero no a los exportadores.Para enfrentar la crisis, se terminó con la fijación del dólar, lo que afectó a todos quienes tenían deudas en esa moneda, pues estas aumentaron fuertemente. Alrededor de 450 empresas quebraron y el desempleo llegó al 30 por ciento, aproximadamente.El Estado tuvo que intervenir en 1983, absorbiendo las deudas de algunas empresas, pero sobre todo de varios bancos importantes quebrados.Fuera de este difícil momento, los últimos años del régimen militar dejaron una economía sólida y con proyecciones de desarrollo. Se produjo la diversificación de la economía al exportar productos diferentes a los tradicionales y competitivos en el mercado internacional. Además, se reforzó la modernización del Estado, privatizando no solo empresas estatales, sino que también los servicios sociales, de la salud y de la educación.
Represión militar
Apoyado en la teoría de la Seguridad Nacional, los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra, no solo contra el marxismo y los grupos armados, sino que también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen. Así, no solo fueron eliminados, torturados o exiliados dirigentes y partidarios de la UP, sino también sindicalistas, líderes estudiantiles y numerosas personas de distintas actividades. En varias partes del país se establecieron centros de detención y tortura. Incluso la Iglesia fue atacada, al ser asesinados algunos sacerdotes.Para esta acción se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, en 1974, la cual posteriormente se transformó en la Central Nacional de Información, CNI. Ambas, integradas por personal de las Fuerzas Armadas y colaboradores, actuaron sin ninguna limitación, ejerciendo su autoridad represivamente durante muchos años.
Se estima que entre 2.000 y 4.000 personas
“desaparecieron” en estas circunstancias durante todo el gobierno militar. Este
tipo de represión, denominado también terrorismo de Estado, se extendió al
extranjero: el general Carlos Prats y su esposa fueron muertos por una bomba en
Buenos Aires, Argentina (1974); el político demócrata cristiano Bernardo
Leighton y su señora fueron baleados en Roma, salvando con vida (1975) y
Orlando Letelier, ex ministro de Allende, y su secretaria, fallecieron en un
atentado en Washington, Estados Unidos (1976).Para defender los derechos de los
civiles, el cardenal Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad,
dependiente del Arzobispado de Santiago.
La constitución de 1980
La Constitución de 1980 creó el Tribunal Constitucional para
arbitrar los conflictos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Como una forma de evitar repetir las situaciones confusas y complejas sucedidas durante la UP, asegurar a las Fuerzas Armadas un papel tutelar (que guía, ampara o defiende, particularmente a los incapaces legales.) sobre la política nacional, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden económico social, fue elaborada la Constitución de 1980. En su redacción participaron varios juristas, como Jaime Guzmán, Sergio Díez y Alejandro Silva Bascuñán, además del ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.
Como una forma de evitar repetir las situaciones confusas y complejas sucedidas durante la UP, asegurar a las Fuerzas Armadas un papel tutelar (que guía, ampara o defiende, particularmente a los incapaces legales.) sobre la política nacional, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden económico social, fue elaborada la Constitución de 1980. En su redacción participaron varios juristas, como Jaime Guzmán, Sergio Díez y Alejandro Silva Bascuñán, además del ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.
El 11 de septiembre de 1980, el nuevo
texto constitucional fue aprobado por una amplia mayoría, aunque el plebiscito
se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios
de comunicación y sin control de ningún tipo sobre este acto.Entre otros temas,
la Constitución del ’80 estableció un sistema presidencialista de gobierno,
creó un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Primer Mandatario e
integrado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente del
Senado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. También consignó la
creación de los senadores designados, la segunda vuelta en las elecciones
presidenciales y el sistema electoral binominal. Además, estableció que el Presidente
en ejercicio se mantendría en el poder hasta 1988.
Protestas y fortalecimiento de la oposición
Una de las expresiones más comunes de malestar social contra el
gobierno militar fue la protesta callejera.
Desde 1983, comenzó a aparecer el descontento en la población, sobre todo por el empobrecimiento de la clase media y los sectores más desposeídos. Este sentimiento se expresó principalmente a través de las protestas callejeras, de paros nacionales y de las acciones de algunos grupos terroristas efectuando atentados con explosivos, especialmente contra torres de alta tensión y fuerzas del orden público.Fue en las poblaciones marginales de Santiago y de otras ciudades donde las protestas fueron más fuertes y donde se produjo una violenta represión. Durante una de ellas, en la población La Victoria, fue asesinado el sacerdote francés André Jarland, en septiembre de 1984.
Desde 1983, comenzó a aparecer el descontento en la población, sobre todo por el empobrecimiento de la clase media y los sectores más desposeídos. Este sentimiento se expresó principalmente a través de las protestas callejeras, de paros nacionales y de las acciones de algunos grupos terroristas efectuando atentados con explosivos, especialmente contra torres de alta tensión y fuerzas del orden público.Fue en las poblaciones marginales de Santiago y de otras ciudades donde las protestas fueron más fuertes y donde se produjo una violenta represión. Durante una de ellas, en la población La Victoria, fue asesinado el sacerdote francés André Jarland, en septiembre de 1984.
A pesar del autoritarismo del general
Pinochet y de su deseo de continuar en el poder, su ministro del Interior,
Sergio Onofre Jarpa, comenzó a dialogar con ciertos sectores de la oposición,
la cual estaba liderada por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, el
que había iniciado un proceso de renovación de sus ideas.Como consecuencia de
estos acercamientos, se pudo organizar la agrupación política Alianza por
Chile, AD, que fue dirigida por estos mismos partidos, además de ser integrada
por otros que estaban proscritos por el régimen militar. Por su parte, la
derecha costituyó otros partidos políticos, tales como la Unión Demócrata
Independiente, UDI, liderada por Jaime Guzmán, y Renovación Nacional,
RN.Posteriormente, en 1987, se promulgaría la ley Orgánica de los Partidos
Políticos, que legalizaría definitivamente su existencia. Además, un año antes,
se había aprobado la ley que reinstalaba los registros electorales,
fundamentales para que los ciudadanos pudieran votar.El acuerdo
nacionalDestacada participación tuvo la Iglesia Católica en la vuelta del país
a sus tradiciones democráticas. En 1985, el cardenal Juan Francisco Fresno les
pidió a tres importantes personalidades de diferentes tendencias políticas que
redactaran un acuerdo nacional de transición a la democracia. Los escogidos
fueron Fernando Léniz, ex ministro de Economía del gobierno militar; José
Zabala, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, y Sergio Molina,
ex ministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Este Acuerdo Nacional fue
firmado por diferentes partidos políticos y en él se expresaba el deseo de
buscar un entendimiento a nivel nacional y de recuperar las plenas libertades
civiles y poder realizar elecciones libres parlamentarias y presidenciales.
La campaña
Ya a finales del régimen militar, la gran mayoría de la oposición había optado por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron y la Alianza Democrática no quiso participar en ninguna nueva. Entre las razones de esta actitud esta el acercamiento de la fecha del plebiscito.
Los opositores decidieron seguir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, iniciando la normalización de los partidos políticos. El primero en formarse fue Renovación Nacional, que unía los grupos de Unión Nacional de Andrés Allamand y los gremialistas de Jaime Guzmán, más la mayoría de las personas afines al gobierno militar. Pronto este partido se separaría, tomando ruta propia los gremialistas de Guzmán con el nombre Unión Demócrata Independiente.
Entre los opositores tomó cuerpo la Democracia Cristiana, el Partido Socialista (unificado de facto, después de la división de los grupos de Ricardo Núñez y Clodomiro Almeyda) y el Partido Por la Democracia, que originalmente seria solo instrumental, o sea para los opositores izquierdistas al régimen que no se sintieran identificadas con el PS, que después del plebiscito debía disolverse, sin embargo permaneció su existencia, debido a éxitos electorales, convirtiéndose rápidamente en uno de los partidos socialdemócratas más importantes del país.
A pesar de la inscripción, muchos consideran que realizar el plebiscito seria ridículo, pues nunca se había visto que un régimen autoritario renunciara al poder pacíficamente por elección popular. El primero en decir si, al plebiscito, fue Patricio Aylwin Azócar, ejemplo que siguieron prontamente el socialismo y el PPD. Todo esto ocurre comenzando el año 1988, mientras el régimen ablanda su postura y permite el regreso de muchos exiliados, además de terminar después de casi 15 años, el toque de queda.
El plebiscito queda fijado para el 5 de octubre de ese año, proclamando la junta el 30 de agosto a su candidato, Augusto Pinochet. La oposición se agrupa en la Concertación de Partidos por el No, que agrupa a todos los partidos opositores, excepto los extremistas.
A diferencia del plebiscito anterior, ahora si se constataba los registros electorales, pues el tribunal Constitucional ordeno que se crearan los registros, las mesas y los apoderados, a pesar de la negativa del gobierno. Se ordenó también que ambas propuestas tuvieran franjas televisivas gratuitas, a las 23 horas.
El peso de la televisión en la campaña sería muy fuerte. La franja del No superaba en todos los aspectos a la del Sí, en producción, contenido y mensaje. Sergio Fernández, ministro del Interior, admitiría: «Los resultados (de su campaña) fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la franja del No, mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica, en torno a la frase "la alegría ya viene", era tan pegajosa, que hasta los creativos responsables de la campaña del Sí la tarareaban inconscientemente».
Ya a finales del régimen militar, la gran mayoría de la oposición había optado por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron y la Alianza Democrática no quiso participar en ninguna nueva. Entre las razones de esta actitud esta el acercamiento de la fecha del plebiscito.
Los opositores decidieron seguir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, iniciando la normalización de los partidos políticos. El primero en formarse fue Renovación Nacional, que unía los grupos de Unión Nacional de Andrés Allamand y los gremialistas de Jaime Guzmán, más la mayoría de las personas afines al gobierno militar. Pronto este partido se separaría, tomando ruta propia los gremialistas de Guzmán con el nombre Unión Demócrata Independiente.
Entre los opositores tomó cuerpo la Democracia Cristiana, el Partido Socialista (unificado de facto, después de la división de los grupos de Ricardo Núñez y Clodomiro Almeyda) y el Partido Por la Democracia, que originalmente seria solo instrumental, o sea para los opositores izquierdistas al régimen que no se sintieran identificadas con el PS, que después del plebiscito debía disolverse, sin embargo permaneció su existencia, debido a éxitos electorales, convirtiéndose rápidamente en uno de los partidos socialdemócratas más importantes del país.
A pesar de la inscripción, muchos consideran que realizar el plebiscito seria ridículo, pues nunca se había visto que un régimen autoritario renunciara al poder pacíficamente por elección popular. El primero en decir si, al plebiscito, fue Patricio Aylwin Azócar, ejemplo que siguieron prontamente el socialismo y el PPD. Todo esto ocurre comenzando el año 1988, mientras el régimen ablanda su postura y permite el regreso de muchos exiliados, además de terminar después de casi 15 años, el toque de queda.
El plebiscito queda fijado para el 5 de octubre de ese año, proclamando la junta el 30 de agosto a su candidato, Augusto Pinochet. La oposición se agrupa en la Concertación de Partidos por el No, que agrupa a todos los partidos opositores, excepto los extremistas.
A diferencia del plebiscito anterior, ahora si se constataba los registros electorales, pues el tribunal Constitucional ordeno que se crearan los registros, las mesas y los apoderados, a pesar de la negativa del gobierno. Se ordenó también que ambas propuestas tuvieran franjas televisivas gratuitas, a las 23 horas.
El peso de la televisión en la campaña sería muy fuerte. La franja del No superaba en todos los aspectos a la del Sí, en producción, contenido y mensaje. Sergio Fernández, ministro del Interior, admitiría: «Los resultados (de su campaña) fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la franja del No, mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica, en torno a la frase "la alegría ya viene", era tan pegajosa, que hasta los creativos responsables de la campaña del Sí la tarareaban inconscientemente».
Pero entre las causas que motivaron a la mayoría a votar No, destaca el hecho
de decir que ente las causas de su voto prima la mala situación económica (72%,
según encuesta del CEP), más que los derechos humanos (57%), esto herencia del
20% de cesantía que mantuvo el régimen, y la mal distribución del ingreso, lo
que explica porque en medio del auge económico se dieran estos argumentos.
El día 5 de octubre votó
el 92,1% de la población mayor de 18 años, el máximo récord histórico en la
historia del país. También llegaron a Chile cientos de políticos extranjeros
veedores, que esperaban comprobar el correcto desarrollo del acto. Después de
las primeras votaciones el ambiente empezó a caldearse, los datos entregados
por el Ministerio del Interior daban una gran ventaja para el Sí, mientras que
en el comando del No, se entregaban cifras muy diferentes. El tercer cómputo,
que debía ser definitorio y estaba programado para las 22 horas se retrasaba.
Muchos tenían el temor de que se fuera a dar un golpe de estado antes de la
entrega de los resultados.
Canal 13 había programado un debate entre Aylwin y Jarpa para las 22 horas, inmediatamente después del resultado para analizar los resultados. Por la demora se retrasó hasta las doce de la noche. Aylwin iba a entregar los resultados del comando del No que le daban la victoria, por lo que Jarpa, sin ningún dato, se contactó con el subsecretario Alberto Cardemil, para solicitar datos. La respuesta del subsecretario fue que de momento iba ganando el No, pero aún faltaba contar los votos de las mujeres de Santiago. Jarpa vio que aún con un apoyo favorable de este último grupo el resultado no cambiaría y admitió en el programa de televisión el triunfo del No.
La prensa se agolpó frente al Palacio de La Moneda para conocer la versión del gobierno a estos datos, cuando llegaba el miembro de la junta Fernando Matthei, quien luego de ser preguntado, declaró que para el «la cosa estaba clara» (era definitivo), era un triunfo del No (su hija Evelyn Matthei le había entregado los resultados). Las palabras de Matthei dieron inmediatamente la vuelta al mundo.
Canal 13 había programado un debate entre Aylwin y Jarpa para las 22 horas, inmediatamente después del resultado para analizar los resultados. Por la demora se retrasó hasta las doce de la noche. Aylwin iba a entregar los resultados del comando del No que le daban la victoria, por lo que Jarpa, sin ningún dato, se contactó con el subsecretario Alberto Cardemil, para solicitar datos. La respuesta del subsecretario fue que de momento iba ganando el No, pero aún faltaba contar los votos de las mujeres de Santiago. Jarpa vio que aún con un apoyo favorable de este último grupo el resultado no cambiaría y admitió en el programa de televisión el triunfo del No.
La prensa se agolpó frente al Palacio de La Moneda para conocer la versión del gobierno a estos datos, cuando llegaba el miembro de la junta Fernando Matthei, quien luego de ser preguntado, declaró que para el «la cosa estaba clara» (era definitivo), era un triunfo del No (su hija Evelyn Matthei le había entregado los resultados). Las palabras de Matthei dieron inmediatamente la vuelta al mundo.
Fernández reconoció la derrota, y dijo que el alto porcentaje
obtenido era de cualquier forma motivo de orgullo, a lo que el general de la
Fuerza Aérea respondió con un irónico «¿Y
por qué no traemos champaña para celebrarlo?». Matthei, en el libro-entrevista
«Matthei, Mi testimonio», expresaba que Pinochet no quería abandonar el poder
pasándole a los miembros de la junta un documento en que “le entregábamos todas
nuestras atribuciones al general Pinochet, quien podría actuar sin consultar a
las respectivas instituciones”. Dice además que el rompió con sus propias manos
el acta, “Después de eso, y sin insistir en el acta, el Presidente nos informó
que se iría a descansar por unos días fuera de Santiago y se dio por terminada
la reunión”.
Sergio Fernández, en “Mi Lucha por la Democracia”, no habla de ninguno de estos hechos, y los negó categóricamente cuando fue interrogado. Pero las versiones no son excluyentes, pues Fernández no estaba cuando se suponía se pasó el acta.
Sergio Fernández, en “Mi Lucha por la Democracia”, no habla de ninguno de estos hechos, y los negó categóricamente cuando fue interrogado. Pero las versiones no son excluyentes, pues Fernández no estaba cuando se suponía se pasó el acta.
El día siguiente
Al amanecer del 6 de octubre no
quedaban dudas, y se cumplirá la ruta marcada por la Constitución de 1980, y Pinochet
llamaría a elecciones democráticas el año siguiente.
Mientras, se discuten reformas a la constitución. El motivo para el gobierno, es muy difícil de modificar por el alto quórum que tiene para los capítulos más vitales, pero no para el capítulo de reforma a la constitución, lo que podría servir como “válvula de escape”, para que el nuevo gobierno modifique a su gusto la carta. La oposición victoriosa aceptó de buena gana las reformas, pues en ella además se derogaba el artículo 8, que impedía la legalización del comunismo, se empatan civiles y militares en el concejo de seguridad, se disminuyen de ocho a seis años el período presidencial, entre otras cosas. Entre los que no querían la reforma estaba Fernández, el cual es despedido del Ministerio del Interior, siendo reemplazado por Carlos Cáceres, que lograse entendimiento con la oposición, resultando las reforma aprobadas en el plebiscito de 30 de julio de 1989 con un 91,25% de los votos.
Ese mismo año corría la elección presidencial, en la cual la Concertación de Partidos por la Democracia (antes Concertación de Partidos por el No) postula a Patricio Aylwin. La derecha y gran parte del gobierno se unen con Hernán Büchi, en una campaña que parecía desarticulada, debido a la sorpresiva bajada del candidato y luego subida. Según se sabe Pinochet no apoyó a Buchi, ya que, algunas fuentes señalan que se sintió con su ministro por haber tomado una carrera política, ya que lo consideraba su hombre de confianza, como a Fernández, sin ambiciones políticas (lo que explica por qué nunca le tuvo gran confianza a Jaime Guzman, que se tenía propuesto metas muy altas).
Mientras, se discuten reformas a la constitución. El motivo para el gobierno, es muy difícil de modificar por el alto quórum que tiene para los capítulos más vitales, pero no para el capítulo de reforma a la constitución, lo que podría servir como “válvula de escape”, para que el nuevo gobierno modifique a su gusto la carta. La oposición victoriosa aceptó de buena gana las reformas, pues en ella además se derogaba el artículo 8, que impedía la legalización del comunismo, se empatan civiles y militares en el concejo de seguridad, se disminuyen de ocho a seis años el período presidencial, entre otras cosas. Entre los que no querían la reforma estaba Fernández, el cual es despedido del Ministerio del Interior, siendo reemplazado por Carlos Cáceres, que lograse entendimiento con la oposición, resultando las reforma aprobadas en el plebiscito de 30 de julio de 1989 con un 91,25% de los votos.
Ese mismo año corría la elección presidencial, en la cual la Concertación de Partidos por la Democracia (antes Concertación de Partidos por el No) postula a Patricio Aylwin. La derecha y gran parte del gobierno se unen con Hernán Büchi, en una campaña que parecía desarticulada, debido a la sorpresiva bajada del candidato y luego subida. Según se sabe Pinochet no apoyó a Buchi, ya que, algunas fuentes señalan que se sintió con su ministro por haber tomado una carrera política, ya que lo consideraba su hombre de confianza, como a Fernández, sin ambiciones políticas (lo que explica por qué nunca le tuvo gran confianza a Jaime Guzman, que se tenía propuesto metas muy altas).
Aylwin resulta electo presidente, con el 55,2% de los votos.
BIBLIOGRAFIA
-Historia del
Siglo XX chileno: Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt,
Claudio Rolle, Manuel Vicuña.
-Allende, Chile:
1970-1973: Pierre Kalfon.
-Salvador Allende,
Una época en blanco y negro : Fernando García Oscar Sola, Alejandra Rojas.
-El último día de
Salvador Allende: Oscar Soto.
-Los 100 eventos
de la historia de Chile: Editorial Los Andes.
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