Durante este período, Chile sufrió una importante transformación económica, política y social, a la vez que se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El régimen se caracterizó por un modelo autoritario de gobierno, pero partidarios y detractores del régimen se refieren a él con diversos nombres: Gobierno militar y dictadura militar, respectivamente.
El modelo neoliberal
En su discurso de Chacarillas, en 1977, Pinochet anunció su programa para establecer lo que sería la nueva institucionalidad del país.
Para arreglar el caos económico, el gobierno del general Pinochet comenzó a aplicar, en 1974, el modelo de economía social de mercado o neoliberal, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base teórica de esta tendencia fue un texto conocido como El ladrillo, en el cual los economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, como Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro (los llamados “Chicago Boys”), luego de analizar la situación del país, proponían este modelo económico.En el marco de este planteamiento, se cambió la moneda de escudo a peso, se establecieron bajos aranceles (cifras oficiales que hay que pagar para poder internar algunos productos en un país.) para la importación y exportación de productos no tradicionales, se mantuvo un dólar fijo equivalente a 39 pesos y se incentivó la inversión de capitales extranjeros. Además, se terminó con la Reforma Agraria y se privatizaron numerosas empresas estatales importantes, aunque la Corporación del Cobre, Codelco, siguió en manos del Estado.Por otra parte, aumentaron los gastos en defensa, sueldos y beneficios de las Fuerzas Armadas y servicios secretos. Una ley determinó que se iba a destinar el 10 por ciento de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de cobre, a la compra de armas.El gasto en salud, vivienda e infraestructura (como la construcción de caminos, por ejemplo) disminuyó notablemente en los primeros años del régimen militar.Tambalea el modeloEn 1982, el gobierno del general Pinochet se encontraba en serios problemas económicos. La deuda ascendía a 16.000 millones de dólares. Esta situación, atribuida por el régimen militar a una recesión o crisis mundial, fue agravada por el exceso de libertad económica y la mantención del dólar fijo, que favorecía a los importadores, pero no a los exportadores.Para enfrentar la crisis, se terminó con la fijación del dólar, lo que afectó a todos quienes tenían deudas en esa moneda, pues estas aumentaron fuertemente. Alrededor de 450 empresas quebraron y el desempleo llegó al 30 por ciento, aproximadamente.El Estado tuvo que intervenir en 1983, absorbiendo las deudas de algunas empresas, pero sobre todo de varios bancos importantes quebrados.Fuera de este difícil momento, los últimos años del régimen militar dejaron una economía sólida y con proyecciones de desarrollo. Se produjo la diversificación de la economía al exportar productos diferentes a los tradicionales y competitivos en el mercado internacional. Además, se reforzó la modernización del Estado, privatizando no solo empresas estatales, sino que también los servicios sociales, de la salud y de la educación.
Apoyado en la teoría de la Seguridad Nacional, los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra, no solo contra el marxismo y los grupos armados, sino que también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen. Así, no solo fueron eliminados, torturados o exiliados dirigentes y partidarios de la UP, sino también sindicalistas, líderes estudiantiles y numerosas personas de distintas actividades. En varias partes del país se establecieron centros de detención y tortura. Incluso la Iglesia fue atacada, al ser asesinados algunos sacerdotes.Para esta acción se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, en 1974, la cual posteriormente se transformó en la Central Nacional de Información, CNI. Ambas, integradas por personal de las Fuerzas Armadas y colaboradores, actuaron sin ninguna limitación, ejerciendo su autoridad represivamente durante muchos años.Se estima que entre 2.000 y 4.000 personas “desaparecieron” en estas circunstancias durante todo el gobierno militar. Este tipo de represión, denominado también terrorismo de Estado, se extendió al extranjero: el general Carlos Prats y su esposa fueron muertos por una bomba en Buenos Aires, Argentina (1974); el político demócrata cristiano Bernardo Leighton y su señora fueron baleados en Roma, salvando con vida (1975) y Orlando Letelier, ex ministro de Allende, y su secretaria, fallecieron en un atentado en Washington, Estados Unidos (1976).Para defender los derechos de los civiles, el cardenal Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad, dependiente del Arzobispado de Santiago.
En su discurso de Chacarillas, en 1977, Pinochet anunció su programa para establecer lo que sería la nueva institucionalidad del país.
Para arreglar el caos económico, el gobierno del general Pinochet comenzó a aplicar, en 1974, el modelo de economía social de mercado o neoliberal, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base teórica de esta tendencia fue un texto conocido como El ladrillo, en el cual los economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, como Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro (los llamados “Chicago Boys”), luego de analizar la situación del país, proponían este modelo económico.En el marco de este planteamiento, se cambió la moneda de escudo a peso, se establecieron bajos aranceles (cifras oficiales que hay que pagar para poder internar algunos productos en un país.) para la importación y exportación de productos no tradicionales, se mantuvo un dólar fijo equivalente a 39 pesos y se incentivó la inversión de capitales extranjeros. Además, se terminó con la Reforma Agraria y se privatizaron numerosas empresas estatales importantes, aunque la Corporación del Cobre, Codelco, siguió en manos del Estado.Por otra parte, aumentaron los gastos en defensa, sueldos y beneficios de las Fuerzas Armadas y servicios secretos. Una ley determinó que se iba a destinar el 10 por ciento de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de cobre, a la compra de armas.El gasto en salud, vivienda e infraestructura (como la construcción de caminos, por ejemplo) disminuyó notablemente en los primeros años del régimen militar.Tambalea el modeloEn 1982, el gobierno del general Pinochet se encontraba en serios problemas económicos. La deuda ascendía a 16.000 millones de dólares. Esta situación, atribuida por el régimen militar a una recesión o crisis mundial, fue agravada por el exceso de libertad económica y la mantención del dólar fijo, que favorecía a los importadores, pero no a los exportadores.Para enfrentar la crisis, se terminó con la fijación del dólar, lo que afectó a todos quienes tenían deudas en esa moneda, pues estas aumentaron fuertemente. Alrededor de 450 empresas quebraron y el desempleo llegó al 30 por ciento, aproximadamente.El Estado tuvo que intervenir en 1983, absorbiendo las deudas de algunas empresas, pero sobre todo de varios bancos importantes quebrados.Fuera de este difícil momento, los últimos años del régimen militar dejaron una economía sólida y con proyecciones de desarrollo. Se produjo la diversificación de la economía al exportar productos diferentes a los tradicionales y competitivos en el mercado internacional. Además, se reforzó la modernización del Estado, privatizando no solo empresas estatales, sino que también los servicios sociales, de la salud y de la educación.
Represión militar
Apoyado en la teoría de la Seguridad Nacional, los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra, no solo contra el marxismo y los grupos armados, sino que también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen. Así, no solo fueron eliminados, torturados o exiliados dirigentes y partidarios de la UP, sino también sindicalistas, líderes estudiantiles y numerosas personas de distintas actividades. En varias partes del país se establecieron centros de detención y tortura. Incluso la Iglesia fue atacada, al ser asesinados algunos sacerdotes.Para esta acción se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, en 1974, la cual posteriormente se transformó en la Central Nacional de Información, CNI. Ambas, integradas por personal de las Fuerzas Armadas y colaboradores, actuaron sin ninguna limitación, ejerciendo su autoridad represivamente durante muchos años.
La constitución de 1980
La Constitución de 1980 creó el Tribunal Constitucional para arbitrar los conflictos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Como una forma de evitar repetir las situaciones confusas y complejas sucedidas durante la UP, asegurar a las Fuerzas Armadas un papel tutelar (que guía, ampara o defiende, particularmente a los incapaces legales.) sobre la política nacional, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden económico social, fue elaborada la Constitución de 1980. En su redacción participaron varios juristas, como Jaime Guzmán, Sergio Díez y Alejandro Silva Bascuñán, además del ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.
El 11 de septiembre de 1980, el nuevo texto constitucional fue aprobado por una amplia mayoría, aunque el plebiscito se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre este acto.Entre otros temas, la Constitución del ’80 estableció un sistema presidencialista de gobierno, creó un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Primer Mandatario e integrado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente del Senado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. También consignó la creación de los senadores designados, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el sistema electoral binominal. Además, estableció que el Presidente en ejercicio se mantendría en el poder hasta 1988. Como una forma de evitar repetir las situaciones confusas y complejas sucedidas durante la UP, asegurar a las Fuerzas Armadas un papel tutelar (que guía, ampara o defiende, particularmente a los incapaces legales.) sobre la política nacional, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden económico social, fue elaborada la Constitución de 1980. En su redacción participaron varios juristas, como Jaime Guzmán, Sergio Díez y Alejandro Silva Bascuñán, además del ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.
Protestas y fortalecimiento de la oposición
Una de las expresiones más comunes de malestar social contra el gobierno militar fue la protesta callejera.
Desde 1983, comenzó a aparecer el descontento en la población, sobre todo por el empobrecimiento de la clase media y los sectores más desposeídos. Este sentimiento se expresó principalmente a través de las protestas callejeras, de paros nacionales y de las acciones de algunos grupos terroristas efectuando atentados con explosivos, especialmente contra torres de alta tensión y fuerzas del orden público.Fue en las poblaciones marginales de Santiago y de otras ciudades donde las protestas fueron más fuertes y donde se produjo una violenta represión. Durante una de ellas, en la población La Victoria, fue asesinado el sacerdote francés André Jarland, en septiembre de 1984.
A pesar del autoritarismo del general Pinochet y de su deseo de continuar en el poder, su ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, comenzó a dialogar con ciertos sectores de la oposición, la cual estaba liderada por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, el que había iniciado un proceso de renovación de sus ideas.Como consecuencia de estos acercamientos, se pudo organizar la agrupación política Alianza por Chile, AD, que fue dirigida por estos mismos partidos, además de ser integrada por otros que estaban proscritos por el régimen militar. Por su parte, la derecha costituyó otros partidos políticos, tales como la Unión Demócrata Independiente, UDI, liderada por Jaime Guzmán, y Renovación Nacional, RN.Posteriormente, en 1987, se promulgaría la ley Orgánica de los Partidos Políticos, que legalizaría definitivamente su existencia. Además, un año antes, se había aprobado la ley que reinstalaba los registros electorales, fundamentales para que los ciudadanos pudieran votar.El acuerdo nacionalDestacada participación tuvo la Iglesia Católica en la vuelta del país a sus tradiciones democráticas. En 1985, el cardenal Juan Francisco Fresno les pidió a tres importantes personalidades de diferentes tendencias políticas que redactaran un acuerdo nacional de transición a la democracia. Los escogidos fueron Fernando Léniz, ex ministro de Economía del gobierno militar; José Zabala, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, y Sergio Molina, ex ministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Este Acuerdo Nacional fue firmado por diferentes partidos políticos y en él se expresaba el deseo de buscar un entendimiento a nivel nacional y de recuperar las plenas libertades civiles y poder realizar elecciones libres parlamentarias y presidenciales. Desde 1983, comenzó a aparecer el descontento en la población, sobre todo por el empobrecimiento de la clase media y los sectores más desposeídos. Este sentimiento se expresó principalmente a través de las protestas callejeras, de paros nacionales y de las acciones de algunos grupos terroristas efectuando atentados con explosivos, especialmente contra torres de alta tensión y fuerzas del orden público.Fue en las poblaciones marginales de Santiago y de otras ciudades donde las protestas fueron más fuertes y donde se produjo una violenta represión. Durante una de ellas, en la población La Victoria, fue asesinado el sacerdote francés André Jarland, en septiembre de 1984.
Plebiscito Nacional de 1988
La campaña
Ya a finales del régimen militar, la gran mayoría de la oposición había optado por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron y la Alianza Democrática no quiso participar en ninguna nueva. Entre las razones de esta actitud esta el acercamiento de la fecha del plebiscito.
Los opositores decidieron seguir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, iniciando la normalización de los partidos políticos. El primero en formarse fue Renovación Nacional, que unía los grupos de Unión Nacional de Andrés Allamand y los gremialistas de Jaime Guzmán, más la mayoría de las personas afines al gobierno militar. Pronto este partido se separaría, tomando ruta propia los gremialistas de Guzmán con el nombre Unión Demócrata Independiente.
Entre los opositores tomó cuerpo la Democracia Cristiana, el Partido Socialista (unificado de facto, después de la división de los grupos de Ricardo Núñez y Clodomiro Almeyda) y el Partido Por la Democracia, que originalmente seria solo instrumental, o sea para los opositores izquierdistas al régimen que no se sintieran identificadas con el PS, que después del plebiscito debía disolverse, sin embargo permaneció su existencia, debido a éxitos electorales, convirtiéndose rápidamente en uno de los partidos socialdemócratas más importantes del país.
A pesar de la inscripción, muchos consideran que realizar el plebiscito seria ridículo, pues nunca se había visto que un régimen autoritario renunciara al poder pacíficamente por elección popular. El primero en decir si, al plebiscito, fue Patricio Aylwin Azócar, ejemplo que siguieron prontamente el socialismo y el PPD. Todo esto ocurre comenzando el año 1988, mientras el régimen ablanda su postura y permite el regreso de muchos exiliados, además de terminar después de casi 15 años, el toque de queda.
El plebiscito queda fijado para el 5 de octubre de ese año, proclamando la junta el 30 de agosto a su candidato, Augusto Pinochet. La oposición se agrupa en la Concertación de Partidos por el No, que agrupa a todos los partidos opositores, excepto los extremistas.
A diferencia del plebiscito anterior, ahora si se constataba los registros electorales, pues el tribunal Constitucional ordeno que se crearan los registros, las mesas y los apoderados, a pesar de la negativa del gobierno. Se ordenó también que ambas propuestas tuvieran franjas televisivas gratuitas, a las 23 horas.
El peso de la televisión en la campaña sería muy fuerte. La franja del No superaba en todos los aspectos a la del Sí, en producción, contenido y mensaje. Sergio Fernández, ministro del Interior, admitiría: «Los resultados (de su campaña) fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la franja del No, mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica, en torno a la frase "la alegría ya viene", era tan pegajosa, que hasta los creativos responsables de la campaña del Sí la tarareaban inconscientemente».
La campaña
Ya a finales del régimen militar, la gran mayoría de la oposición había optado por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron y la Alianza Democrática no quiso participar en ninguna nueva. Entre las razones de esta actitud esta el acercamiento de la fecha del plebiscito.
Los opositores decidieron seguir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, iniciando la normalización de los partidos políticos. El primero en formarse fue Renovación Nacional, que unía los grupos de Unión Nacional de Andrés Allamand y los gremialistas de Jaime Guzmán, más la mayoría de las personas afines al gobierno militar. Pronto este partido se separaría, tomando ruta propia los gremialistas de Guzmán con el nombre Unión Demócrata Independiente.
Entre los opositores tomó cuerpo la Democracia Cristiana, el Partido Socialista (unificado de facto, después de la división de los grupos de Ricardo Núñez y Clodomiro Almeyda) y el Partido Por la Democracia, que originalmente seria solo instrumental, o sea para los opositores izquierdistas al régimen que no se sintieran identificadas con el PS, que después del plebiscito debía disolverse, sin embargo permaneció su existencia, debido a éxitos electorales, convirtiéndose rápidamente en uno de los partidos socialdemócratas más importantes del país.
A pesar de la inscripción, muchos consideran que realizar el plebiscito seria ridículo, pues nunca se había visto que un régimen autoritario renunciara al poder pacíficamente por elección popular. El primero en decir si, al plebiscito, fue Patricio Aylwin Azócar, ejemplo que siguieron prontamente el socialismo y el PPD. Todo esto ocurre comenzando el año 1988, mientras el régimen ablanda su postura y permite el regreso de muchos exiliados, además de terminar después de casi 15 años, el toque de queda.
El plebiscito queda fijado para el 5 de octubre de ese año, proclamando la junta el 30 de agosto a su candidato, Augusto Pinochet. La oposición se agrupa en la Concertación de Partidos por el No, que agrupa a todos los partidos opositores, excepto los extremistas.
A diferencia del plebiscito anterior, ahora si se constataba los registros electorales, pues el tribunal Constitucional ordeno que se crearan los registros, las mesas y los apoderados, a pesar de la negativa del gobierno. Se ordenó también que ambas propuestas tuvieran franjas televisivas gratuitas, a las 23 horas.
El peso de la televisión en la campaña sería muy fuerte. La franja del No superaba en todos los aspectos a la del Sí, en producción, contenido y mensaje. Sergio Fernández, ministro del Interior, admitiría: «Los resultados (de su campaña) fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la franja del No, mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica, en torno a la frase "la alegría ya viene", era tan pegajosa, que hasta los creativos responsables de la campaña del Sí la tarareaban inconscientemente».
Franja televisiva del NO
Franja televisiva del SI
Franja televisiva del SI
Pero entre las causas que motivaron a la mayoría a votar No, destaca el hecho de decir que ente las causas de su voto prima la mala situación económica (72%, según encuesta del CEP), más que los derechos humanos (57%), esto herencia del 20% de cesantía que mantuvo el régimen, y la mal distribución del ingreso, lo que explica porque en medio del auge económico se dieran estos argumentos.
El 5 de octubre
El día 5 de octubre votó el 92,1% de la población mayor de 18 años, el máximo récord histórico en la historia del país. También llegaron a Chile cientos de políticos extranjeros veedores, que esperaban comprobar el correcto desarrollo del acto. Después de las primeras votaciones el ambiente empezó a caldearse, los datos entregados por el Ministerio del Interior daban una gran ventaja para el Sí, mientras que en el comando del No, se entregaban cifras muy diferentes. El tercer cómputo, que debía ser definitorio y estaba programado para las 22 horas se retrasaba. Muchos tenían el temor de que se fuera a dar un golpe de estado antes de la entrega de los resultados.
Canal 13 había programado un debate entre Aylwin y Jarpa para las 22 horas, inmediatamente después del resultado para analizar los resultados. Por la demora se retrasó hasta las doce de la noche. Aylwin iba a entregar los resultados del comando del No que le daban la victoria, por lo que Jarpa, sin ningún dato, se contactó con el subsecretario Alberto Cardemil, para solicitar datos. La respuesta del subsecretario fue que de momento iba ganando el No, pero aún faltaba contar los votos de las mujeres de Santiago. Jarpa vio que aún con un apoyo favorable de este último grupo el resultado no cambiaría y admitió en el programa de televisión el triunfo del No.
La prensa se agolpó frente al Palacio de La Moneda para conocer la versión del gobierno a estos datos, cuando llegaba el miembro de la junta Fernando Matthei, quien luego de ser preguntado, declaró que para el «la cosa estaba clara» (era definitivo), era un triunfo del No (su hija Evelyn Matthei le había entregado los resultados). Las palabras de Matthei dieron inmediatamente la vuelta al mundo.
Fernández reconoció la derrota, y dijo que el alto porcentaje obtenido era de cualquier forma motivo de orgullo, a lo que el general de la Fuerza Aérea respondió con un irónico «¿Y por qué no traemos champaña para celebrarlo?». Matthei, en el libro-entrevista «Matthei, Mi testimonio», expresaba que Pinochet no quería abandonar el poder pasándole a los miembros de la junta un documento en que “le entregábamos todas nuestras atribuciones al general Pinochet, quien podría actuar sin consultar a las respectivas instituciones”. Dice además que el rompió con sus propias manos el acta, “Después de eso, y sin insistir en el acta, el Presidente nos informó que se iría a descansar por unos días fuera de Santiago y se dio por terminada la reunión”.
Sergio Fernández, en “Mi Lucha por la Democracia”, no habla de ninguno de estos hechos, y los negó categóricamente cuando fue interrogado. Pero las versiones no son excluyentes, pues Fernández no estaba cuando se suponía se pasó el acta.
El día siguiente
Manifestantes celebran al día siguiente de la victoria del «No» en Alameda con Ahumada, en Santiago
Al amanecer del 6 de octubre no quedaban dudas, y se cumplirá la ruta marcada por la Constitución de 1980, y Pinochet llamaría a elecciones democráticas el año siguiente.
Mientras, se discuten reformas a la constitución. El motivo para el gobierno, es muy difícil de modificar por el alto quórum que tiene para los capítulos más vitales, pero no para el capítulo de reforma a la constitución, lo que podría servir como “válvula de escape”, para que el nuevo gobierno modifique a su gusto la carta. La oposición victoriosa aceptó de buena gana las reformas, pues en ella además se derogaba el artículo 8, que impedía la legalización del comunismo, se empatan civiles y militares en el concejo de seguridad, se disminuyen de ocho a seis años el período presidencial, entre otras cosas. Entre los que no querían la reforma estaba Fernández, el cual es despedido del Ministerio del Interior, siendo reemplazado por Carlos Cáceres, que lograse entendimiento con la oposición, resultando las reforma aprobadas en el plebiscito de 30 de julio de 1989 con un 91,25% de los votos.
Ese mismo año corría la elección presidencial, en la cual la Concertación de Partidos por la Democracia (antes Concertación de Partidos por el No) postula a Patricio Aylwin. La derecha y gran parte del gobierno se unen con Hernán Büchi, en una campaña que parecía desarticulada, debido a la sorpresiva bajada del candidato y luego subida. Según se sabe Pinochet no apoyó a Buchi, ya que, algunas fuentes señalan que se sintió con su ministro por haber tomado una carrera política, ya que lo consideraba su hombre de confianza, como a Fernández, sin ambiciones políticas (lo que explica por qué nunca le tuvo gran confianza a Jaime Guzman, que se tenía propuesto metas muy altas).
Aylwin resulta electo presidente, con el 55,2% de los votos.
Fuentes: www.biografiadechile.cl www.wikipedia.org
1 comentario:
viejo de mi.................
Publicar un comentario